Exigen retirar reconocimientos a líderes de izquierda condenados por corrupción

En una decisión que ya está generando amplio respaldo en círculos políticos y ciudadanos, un legislador federal presentó formalmente una solicitud para que el gobierno de la Ciudad de México retire el reconocimiento de “Huésped Distinguida” otorgado en 2023 a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, recientemente sentenciada por la justicia de su país a seis años de prisión por delitos de corrupción que superan los mil millones de dólares.

El caso ha reabierto un tema que muchos consideran un punto ciego en la política simbólica de los gobiernos progresistas: la costumbre de premiar, desde lo institucional, a figuras de la izquierda latinoamericana que arrastran denuncias, juicios y condenas por abusos de poder, corrupción y crímenes contra sus pueblos.

Kirchner, figura emblemática del populismo en Argentina, fue recibida con honores por la administración de la Ciudad de México sin que mediara ningún tipo de criterio ético o legal. Ahora que ha sido formalmente condenada por actos de malversación de fondos públicos, su estatus como "huésped distinguida" representa no solo una contradicción política, sino una burla directa al pueblo argentino y al principio de justicia.

Pero el problema no se limita a un caso aislado. En 2019, el entonces gobierno capitalino liderado por Claudia Sheinbaum —hoy presidenta del país— otorgó el mismo reconocimiento a Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones de delitos graves, incluidos abuso de menores y tráfico de personas. Morales huyó de su país en medio de protestas y denuncias de fraude electoral, y fue recibido con aplausos por los mismos sectores políticos que hoy buscan posicionarse como defensores de los derechos humanos.

¿Reconocer el crimen como si fuera mérito?
El otorgamiento de distinciones honoríficas debe obedecer a valores universales: integridad, servicio al pueblo, defensa de la ley y los derechos fundamentales. Sin embargo, en los últimos años, la Ciudad de México ha sido utilizada como una plataforma ideológica para legitimar a líderes que representan lo contrario. El mensaje es claro: si tienes afinidad política con el partido en el poder, tus crímenes serán ignorados y serás recibido como una figura de prestigio.

Este tipo de actos no solo afecta la imagen de la capital mexicana ante el mundo, sino que también envía un mensaje peligroso a las generaciones futuras. ¿Qué clase de país celebra a quienes saquearon sus naciones? ¿Qué tipo de gobierno convierte a criminales en referentes culturales? ¿Y qué respeto pueden tener los ciudadanos hacia las instituciones si sus líderes se abrazan con quienes las destruyeron en otros países?

Una capital que debe recuperar su dignidad
Es urgente que la Ciudad de México retome su papel como modelo institucional, como sede de principios democráticos y no como santuario ideológico. Las distinciones otorgadas por el gobierno capitalino deben reflejar los valores de honestidad, transparencia y compromiso ciudadano, no servir como trofeos políticos para quienes han sido rechazados por sus propios pueblos.

El legislador que presentó la solicitud al Congreso ha dejado claro que esto no es un ataque ideológico, sino una defensa del sentido común y de la dignidad institucional. Cuando una ciudad otorga sus más altos reconocimientos a personas con condenas judiciales activas, el daño no es solo simbólico: es moral, cultural y político.

La Ciudad de México tiene una oportunidad histórica: demostrar que es capaz de rectificar, de poner el interés ciudadano por encima de los compromisos partidistas y de elevar los estándares éticos de la vida pública.

Retirar estos reconocimientos no es un acto de revancha: es un acto de justicia. Porque la capital de un país no debe ser jamás el basurero moral de América Latina.