Crisis general en Bolivia tras un montaje de Autogolpe

Crisis general en Bolivia tras un montaje de Autogolpe

Lo que parecía una amenaza directa a la democracia boliviana terminó por evidenciar uno de los actos más cuestionables de manipulación política del continente. El 26 de junio de 2024, el país andino fue testigo de un espectáculo militar encabezado por el general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército, quien irrumpió en la Plaza Murillo de La Paz con tanques y tropas armadas. Sin embargo, lo que inicialmente fue presentado como un “intento de golpe de Estado” fue rápidamente desmontado por los propios acontecimientos y declaraciones posteriores. El resultado: un país sumido en el caos económico, en la desconfianza institucional y en un escenario que muchos ya llaman abiertamente un autogolpe.

El presidente Luis Arce, sucesor del también socialista Evo Morales, ha sido blanco de críticas por su débil manejo de una economía en ruinas. Bolivia atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea. Las reservas internacionales están prácticamente vacías, el dólar se comercializa en el mercado paralelo con una brecha del 30% respecto al valor oficial, y la escasez de combustibles ha paralizado amplios sectores productivos. Ante este colapso, el gobierno ha recurrido al uso de los fondos de pensiones de los trabajadores para cubrir gastos del Estado, una medida que ha desatado protestas multitudinarias en las principales ciudades del país.

La tensión política no se queda atrás. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ha controlado el poder por casi dos décadas, se encuentra fracturado. La guerra interna entre Luis Arce y Evo Morales ha llegado a niveles irreconciliables. Morales, impedido legalmente de postular nuevamente a la presidencia, ha acusado a Arce de usurpar el proyecto político del MAS y de traicionar su liderazgo. Esta disputa ha paralizado la gestión pública y ha sembrado el desconcierto en la base social del partido.

En este contexto explosivo, apareció el insólito operativo militar del 26 de junio. Las fuerzas encabezadas por Zúñiga ocuparon brevemente el centro neurálgico del poder político, pero no presentaron una demanda clara de golpe. El general exigía cambios en el gabinete y liberación de presos políticos, pero jamás solicitó la renuncia del presidente ni propuso un nuevo orden institucional. Lo más revelador ocurrió después: Zúñiga fue arrestado y declaró públicamente que el propio Arce le había pedido movilizar tropas como una estrategia para “elevar su popularidad”.

El gobierno negó rotundamente esta versión, pero la narrativa oficial comenzó a desmoronarse cuando incluso sectores del MAS alineados con Morales calificaron la jornada como una farsa. Organizaciones civiles y medios independientes denunciaron el operativo como un montaje para victimizar a Arce y desviar la atención del colapso económico. La falta de una investigación transparente y la captura del relato por parte de instituciones controladas por el gobierno solo refuerzan las sospechas.

Lo que Bolivia vivió no fue una amenaza militar real, sino una manipulación que debería alarmar a toda la región. Cuando un presidente recurre a un simulacro de golpe para recuperar legitimidad, se está cruzando una línea peligrosa. Es el síntoma de un régimen que ha perdido el apoyo popular y que está dispuesto a socavar las bases de la república con tal de perpetuarse en el poder.

Es urgente que organismos internacionales, como la OEA y otras entidades independientes, lleven a cabo una investigación seria y creíble sobre los hechos del 26 de junio. No se puede permitir que este episodio quede impune, ni que se siente un precedente para que otros gobiernos autoritarios reproduzcan esta fórmula cínica de manipulación mediática y victimismo político.

El silencio de las grandes potencias y de organizaciones que se autoproclaman defensoras de la democracia resulta preocupante. No se trata solo de Bolivia, sino del futuro de América Latina, una región constantemente amenazada por el autoritarismo de izquierda que instrumentaliza el aparato estatal para consolidar su dominio. El caso boliviano debe ser una advertencia para todos.

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