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Argentina logra la exención de visados para la entrada a EE.UU.
El anuncio del 28 de julio de 2025 sobre la reincorporación de Argentina al Programa de Exención de Visados (Visa Waiver Program, VWP) fue recibido con entusiasmo en ciertos círculos diplomáticos y empresariales. Pero detrás del simbolismo y los abrazos protocolares, crecen preocupaciones legítimas sobre los verdaderos motivos de esta decisión y los riesgos que conlleva para la seguridad inmigratoria de Estados Unidos.
Un pasado que no se puede ignorar.
Argentina fue expulsada del VWP en 2002 tras una ola de inmigración ilegal provocada por una profunda crisis económica. En ese entonces, informes oficiales del Departamento de Justicia concluyeron que la participación de Argentina era “inconsistente con los intereses de aplicación de las leyes migratorias de EE.UU.”. Hoy, más de dos décadas después, Argentina enfrenta una situación económica muy similar: alta inflación, desempleo en aumento y una moneda debilitada.
¿Estamos repitiendo la historia? ¿Qué hay detrás de las cifras “bajas”?
Es cierto que Argentina muestra una de las tasas más bajas de permanencia ilegal entre los países de Hispanoamérica, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, este dato debe leerse en contexto. Expertos señalan que esta baja tasa no responde a una cultura de cumplimiento, sino a los rigurosos filtros aplicados por las embajadas de EE.UU. en Buenos Aires, que incluyen:
• Revisión obligatoria de redes sociales públicas para visas F, M y J.
• Validación cruzada de formularios DS-160 con citas programadas.
• Una unidad de prevención de fraude activa que detecta falsificaciones, fraudes matrimoniales y abuso de agencias.
Estos mecanismos de control desaparecen bajo el sistema del VWP, que se basa en un cuestionario digital (ESTA) y elimina las entrevistas presenciales. ¿Qué pasa cuando se abre la puerta sin filtro a un país en crisis?
Riesgos reales: fraude, trabajo ilegal y asilo falso.
Incluso con controles estrictos, ya existen muchos casos documentados de ciudadanos argentinos que:
• Trabajan ilegalmente con visado de turista.
• Solicitan asilo sin causa creíble.
• Presentan documentos falsos para conseguir beneficios inmigratorios.
Con el acceso libre por 90 días sin visado, estos casos podrían multiplicarse sin ser detectados a tiempo, especialmente si el sistema inmigratorio ya enfrenta presiones por otras crisis regionales.
¿Decisión técnica o favor político?
La coincidencia entre esta decisión y la creciente alianza entre el presidente Javier Milei y la administración Trump no pasa desapercibida. El anuncio fue realizado durante una visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Buenos Aires, lo cual sugiere una agenda diplomática estratégica. Informes de NBC News y PBS confirman que la medida responde a un impulso por fortalecer la alianza ideológica entre ambos gobiernos.
¿Está la seguridad inmigratoria estadounidense siendo subordinada a intereses políticos?
Requisitos del VWP: ¿Argentina realmente los cumple?
El programa exige estándares altos:
• Tasa de rechazo de visas menor al 3%.
• Repatriación rápida de ciudadanos con orden de deportación.
• Colaboración en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
• Emisión de pasaportes biométricos y comunicación activa con INTERPOL.
Dado el deterioro institucional y la fragilidad del aparato judicial en Argentina, no está claro si el país cumplirá sostenidamente estos compromisos, más allá de los discursos diplomáticos. Esperemos que sí.
Impacto en EE.UU.: presión sobre recursos locales.
Una apertura inmigratoria como la que implica el VWP no solo es un tema consular. Puede afectar a los mercados laborales, los servicios públicos y la capacidad de fiscalización del sistema inmigratorio, especialmente en ciudades con alta presencia de inmigrantes. Aunque los datos oficiales reconocen a los argentinos como una comunidad relativamente estable, eso no elimina el riesgo de abusos individuales o redes de fraude organizadas.
Una decisión apresurada y políticamente cargada.
Reincorporar a Argentina al VWP puede tener beneficios económicos o diplomáticos a corto plazo, pero representa un riesgo innecesario si se hace sin una evaluación técnica y objetiva. La historia del 2002 debería servir como advertencia. La presión económica actual, combinada con la eliminación del filtro presencial, puede abrir la puerta a nuevos abusos migratorios difíciles de controlar.
Estados Unidos tiene el derecho —y el deber— de proteger su integridad fronteriza. Decisiones tan delicadas no deberían estar al servicio de alianzas políticas temporales, sino sustentadas en criterios sólidos de seguridad, cumplimiento y estabilidad.
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