COMUNICADO DE PRENSA 5 de Octubre de 2025

05 de octubre de 2025
COMUNICADO DE PRENSA
Corrupción y abuso de poder: entre jueces y alcalde municipal quienes se confabulan para fabricar justicia en el Tribunal de Aguadilla, Puerto Rico.
Se denuncian órdenes de acecho falsas, bajo perjurios y violaciones graves a derechos fundamentales y constitucionales en un escándalo que sacude las agencias, instituciones y funcionarios de alto perfil en PR.
Un escándalo judicial de magnitud alarmante ha comenzado a destaparse en la región noroeste de Puerto Rico, donde múltiples denuncias apuntan a la existencia de una red de corrupción y abuso de poder que involucra al juez del Tribunal Municipal de Aguadilla, Orlando Avilés, y al alcalde del municipio de Isabela, Miguel Méndez Pérez. Según las alegaciones, ambos habrían utilizado sus posiciones oficiales para fabricar casos falsos contra ciudadanos inocentes, violando derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.
La denuncia principal detalla un caso en el que una persona fue acusada falsamente de acecho sin haber sido denunciada, citada ni investigada previamente.
La víctima - quien se encontraba en el tribunal acompañando a un familiar - fue sorprendida con una orden de acecho fabricada, presuntamente bajo engaños y presiones indebidas, hasta ser forzada a aceptar los términos sin el debido proceso de ley.
Dicha orden contenía alegaciones materialmente falsas, incluyendo supuestas amenazas al alcalde Méndez Pérez en diversos lugares (su residencia, la alcaldía y la casa de sus padres) - hechos imposibles de haber ocurrido, ya que videos de seguridad y testigos confirman que la persona permaneció todo el día en el tribunal de Aguadilla.
A pesar de esta evidencia contundente, el juez Orlando Avilés avaló la orden falsa y fue, según consta en grabaciones y actas judiciales, quien personalmente sugirió la emisión del documento en corte abierta y para récord.
Durante la vista, abogados defensores y el representante legal del alcalde participaron en propuestas improcedentes e ilegales, violando la ley federal, el debido proceso de ley y los derechos constitucionales.
Sostenemos que lo ocurrido no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de corrupción política y judicial donde ciertos funcionarios públicos utilizan los tribunales como armas de persecución personal.
Se alega, además, que el alcalde Miguel Méndez Pérez mantiene vínculos estrechos con la actual gobernadora, Jenniffer González, con la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz así como con otros miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Dichos vínculos habrían facilitado un manto de impunidad, al rechazarse recursos legales válidos presentados por las víctimas, emitiendo resoluciones vacías, genéricas y sin fundamentos jurídicos sólidos, en aparente violación de los criterios constitucionales y del debido proceso.
“Este caso no es un error judicial aislado: es corrupción política y judicial en su forma más cruda.