Construcción de una mezquita en Punta Cana

Alarma Nacional: Una Mezquita Ilegal se Impone en Punta Cana, Desafiando la Ley y la Identidad Nacional

Una situación de grave irregularidad y opacidad está teniendo lugar en el corazón de la principal plaza turística de la República Dominicana, Punta Cana. La construcción de una mezquita avanza de manera imparable, a pesar de carecer por completo de los permisos de uso de suelo requeridos por la ley. Según los reglamentos urbanísticos locales, cualquier edificio destinado a congregar grandes masas de personas, como iglesias o mezquitas, debe mantener un protocolo de distancia de lugares de riesgo, como la estación de combustible de grandes dimensiones que se encuentra a escasos metros del polémico inmueble. Este hecho no es una simple negligencia burocrática; es una flagrante violación de las normas de seguridad que protegen a los ciudadanos, planteando una pregunta incómoda: ¿por qué este proyecto en particular parece estar por encima de la ley?

La trama se espesa cuando se analizan las acciones tomadas por las autoridades. Un legislador del Congreso Nacional, en un acto de defensa del orden constitucional y la soberanía, presentó un proyecto para detener la obra. De manera paralela, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos emitió una orden de paralización. Sin embargo, la construcción continúa. Esta abierta desobediencia a las instituciones del Estado es un síntoma alarmante de que existen intereses poderosos y ocultos operando con impunidad. No se trata de los feligreses comunes que desean un lugar de culto; esto apunta directamente a élites económicas con una influencia desmedida, capaces de torcer el brazo de la ley a su antojo y burlar la voluntad popular expresada a través de sus representantes.

Este caso pone sobre la mesa una cuestión de fondo que la corrección política intenta silenciar: la injerencia de grupos de poder con agendas ajenas a la tradición cultural y religiosa dominicana. La República Dominicana es una nación que se enorgullece de sus raíces cristianas y de un sistema de valores que ha forjado su identidad. Permitir que un proyecto de esta magnitud avance de manera irregular no es solo un problema legal; es una rendición ante presiones foráneas que buscan reconfigurar el paisaje social y cultural del país. El pueblo dominante tiene el derecho soberano de decidir qué tipo de nación quiere construir, sin imposiciones de élites globalistas que desprecian la idiosincrasia local.

La situación es el "elefante blanco" del que todos son testigos, pero del que pocos se atreven a hablar abiertamente. Existe una abundancia de apellidos de origen árabe en posiciones de poder dentro del país, y si bien la gran mayoría son ciudadanos respetuosos de la ley, la opacidad de este proyecto específico obliga a preguntar: ¿quiénes son los promotores reales de esta mezquita? La ciudadanía tiene el derecho inalienable de conocer la identidad de aquellos que están detrás de una obra que desafía abiertamente al Estado de Derecho. Se necesita una investigación profunda, transparente y sin miramientos políticos que revele los nombres y las conexiones de quienes están utilizando su poder para violar la ley. La defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional está por encima de cualquier interés particular o de cualquier presión externa.

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