María Gámez "¿Podemos ilegalizar a un partido por corrupción en ESPAÑA?"

España Bajo un Régimen de Escándalo: La PSOE Sumida en la Corrupción Mientras el Gobierno Legisla sobre monitorear tuits

En los últimos días del actual gobierno, España ha sido testigo de una explosión de escándalos de corrupción y detenciones que apuntan directamente al núcleo del poder socialista y sus aliados. La policía ha arrestado a Leire Díez, mientras que el ex presidente de SEPI y figura clave del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido imputado. Paralelamente, se han presentado denuncias por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo y otras figuras cercanas al partido en el poder. En un movimiento particularmente revelador, Antxón Alonso, colaborador directo del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y artífice del pacto PSOE-Bildu, ha sido detenido, y la Policía Nacional ha registrado las oficinas de la serie “Plus Ultra”. Este torrente de actuaciones judiciales no es una coincidencia, sino la manifestación de un ecosistema de corrupción sistémica que el partido en el gobierno ha cultivado, donde la impunidad y el amiguismo han sustituido a la ética y el Estado de Derecho.

Frente a esta cascada de delitos y sospechas, la reacción de la izquierda no ha sido de autocrítica o responsabilidad, sino de desprecio hacia las instituciones. Como señala acertadamente la analista María Gámez, la izquierda ha perfeccionado un mecanismo perverso propio de una dictadura: los escándalos no son culpa de quienes los cometen, sino de la prensa que los expone; y las condenas no son responsabilidad de los corruptos, sino de los jueces “fachas”. Este relato, repetido hasta la saciedad por los altavoces del régimen, busca invalidar cualquier control democrático y judicial, creando una realidad paralela donde todos los cargos imputados son “víctimas de una campaña de la extrema derecha”. Este cinismo alcanza su punto más grotesco cuando, mientras el país se asfixia bajo estas revelaciones, el gobierno y sus socios independentistas dedican su tiempo y recursos a debatir en el Congreso si llamar “Charo” a alguien debe ser un delito, reduciendo la política nacional a una farsa desconectada de las urgentes preocupaciones de los ciudadanos.

Ante esta situación, surge una pregunta de una gravedad constitucional extrema, planteada por Gámez: ¿En qué momento se puede solicitar la ilegalización de un partido político por corrupción a gran escala? La Ley de Partidos española prevé esta posibilidad para aquellas formaciones que vulneren gravemente los principios democráticos. Cuando la corrupción deja de ser un caso aislado para convertirse en la savia que nutre al partido en el poder, penetrando sus altas esferas y sus pactos de gobierno, se configura como un ataque directo a los fundamentos del sistema. La connivencia con Bildu, la presunta financiación irregular y el uso de instituciones públicas como botín no son simples “errores”, sino una práctica mafiosa que desnaturaliza la democracia desde dentro. El silencio cómplice de los socios de gobierno y la judicialización de la vida pública como táctica de distracción son síntomas de una degradación institucional sin precedentes.

La sociedad civil, la oposición democrática y las instituciones que aún mantienen su independencia deben exigir una depuración total de responsabilidades. Es imperativo que las investigaciones judiciales sigan su curso sin interferencias políticas, que se nombre una comisión de investigación parlamentaria con plenos poderes y que se abra un debate nacional sobre los límites de la impunidad política. España no puede permitirse normalizar esta situación. La alternativa es la consolidación de un régimen híbrido, donde la corrupción sea el precio del poder y donde la ley solo exista para castigar a los disidentes, no a los gobernantes. La defensa de la democracia exige actuar antes de que el daño sea irreversible.

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